Comunicado de tutelas No 03 de 2010

República de Colombia

Corte Constitucional

Presidencia

Oficina de Comunicaciones

 

 

Comunicado de tutelas No. 03 de 2010

 

 


1.     Sentencia T-163 de 2010

M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio

 

Sin importar el cambio de entidad prestadora del servicio, corresponde a la EPS ó EPS-S asignada actuar sin dilaciones por razones administrativas o burocráticas, y brindar de manera inmediata los servicios requeridos por el usuario, máxime cuando se trata de la continuidad de un tratamiento que se le venía prestando, para garantizar de esta manera los derechos fundamentales a la salud y a la dignidad humana de estas personas.

 

El derecho a la salud tiene de manera autónoma el carácter de fundamental y en tal sentido es indispensable garantizar la continuidad en los tratamientos ordenados, más cuando se trata de órdenes emitidas por médicos adscritos como en el presente caso, sin que sea obstáculo para su entrega el hecho de haber cambiado de EPS-S a voluntad del ente territorial.

 

Luego de vencer el término de permanencia mínima en la EPS-S, el usuario tiene derecho a elegir otra EPS-S que le pueda prestar los servicios requeridos.

 

En este caso la Corte analizó si una entidad prestadora del servicio de salud del régimen subsidiado vulneró los derechos a la vida, salud, libre escogencia de EPS-S, seguridad social e igualdad de una persona, al no permitirle el cambio de EPS-S, luego de haber permanecido en ésta por casi 3 años. De la misma forma debió establecer si se desconoce el derecho a la salud al no autorizar la continuidad del tratamiento que requiere, que venía prestándose por su EPS-S anterior, alegando que no fue prescrito por su médico tratante, adscrito a la nueva EPS-S a la que fue asignada. CONCEDIDA en un caso y en el otro por carencia actual de objeto se confirmó la decisión de instancia que negó la protección invocada.

 

En el primero de los casos, tuteló el derecho a la salud y ordenó a la EPS-S Ecoopsos y a la Secretaría Distrital de Bogotá, que si aún no lo hubieren hecho, procedan a aceptar el traslado y consecuente afiliación de EPS-S al actor y que le continúen prestando el servicio de salud hasta que entre en vigencia el contrato con la nueva EPS-S que escoja dentro de las opciones ofrecidas por el Distrito, realizando el respectivo acompañamiento en el trámite correspondiente.

 

 

2.     Sentencia T-164 de 2010

M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio

 

No se vulnera el derecho fundamental al hábeas data cuando una entidad se abstiene de eliminar el reporte negativo que pesa sobre una persona por el incumplimiento de una obligación civil que permanece insoluta, respecto de la cual ha transcurrido un término menor a 10 años desde la fecha de su exigibilidad. El límite temporal de dicha información, tratándose de aquellas hipótesis en las cuales el deudor nunca paga, se extiende –a manera de sanción- por un periodo de 4 años contado a partir del momento en que la obligación prescribe.

 

Si bien el juez de tutela carece de facultad de decretar la prescripción de una obligación en razón a que dicha prerrogativa corresponde a los jueces civiles, no necesita de una efectiva declaración judicial de prescripción para entrar a proteger el derecho fundamental al hábeas data.

 

En esta oportunidad la Corte analizó el caso de una persona que reclamó la protección del derecho fundamental la hábeas data, el cual consideró vulnerado por Bancolombia S.A., el negarse de eliminar el reporte negativo que pesa sobre él por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de tarjeta de crédito celebrado en diciembre de 1989.

 

De acuerdo a las pruebas obrantes, la Corte verificó que el incumplimiento del contrato de tarjeta de crédito se dio el 28 de noviembre de 2000, momento en el cual vencieron varias cuotas sin pagarse. Es decir, las obligaciones insolutas no se han extinguido, pues de acuerdo con lo señalado en el artículo 2536 del Código Civil, su término de prescripción es de 10 años contados a partir del momento en que se hayan hecho exigibles. De tal forma que han transcurrido apenas 9 años y 3 meses desde aquel momento, por lo cual no puede empezar a computarse el término de 4 años señalado en el artículo 13 de la Ley 1266 de 2008 y la sentencia C-1011 de 2008. CONFIRMA la sentencia de instancia que negó la solicitud de amparo constitucional.

 

 

 

3.      Sentencia T-269 de 2010

M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio

 

 

El pago de la indemnización al trabajador discapacitado no convierte per se en eficaz el despido, ya que si éste no se efectuó con la previa autorización del Ministerio o autoridad del trabajo competente, carece de todo efecto jurídico el despido o la terminación del contrato de una persona por motivo de su limitación sin que exista autorización previa que constate la configuración de la terminación del respectivo contrato.

 

Debido a la disminución física que padezca el trabajador, se hace necesario sobre la base del principio de solidaridad y de los derechos al trabajo, la dignidad y la igualdad que la persona discapacitada pueda continuar ya sea con la misma labor que venía desempeñando o en una de similares características acorde con su limitación. No obstante, el empleador puede sustraerse de su obligación siempre y cuando se configure una razón contundente de rango constitucional que permita hacerlo.

 

En esta oportunidad la Corte estableció que se vulneraron los derechos al trabajo, estabilidad laboral reforzada y al mínimo vital de un trabajador discapacitado a quien una empresa de servicios temporales dio por terminado el contrato de trabajo denominado por obra o labor contratada, que se encontraba en misión en la Sociedad Gaseosas Colombianas S.A.  CONCEDIDA.

 

La Corte ordenó a la empresa de servicios temporales, que dentro de las 48 horas posteriores a la notificación de la sentencia, si aún no lo hubiere hecho, reintegrar al actor a un trabajo igual o de superior categoría siempre que así lo permita su estado de salud y las recomendaciones de la ARP. De lo contrario, a un cargo que sin desmejorar sus condiciones laborales, sea compatible con sus actuales limitaciones físicas. Además, dentro de los 10 días siguientes a partir de la notificación del fallo, cancelar al actor todos los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde el momento de la terminación del contrato hasta el día en que se haga efectivo su reintegro, al igual que el equivalente a 180 días de salario por concepto de indemnización por despido sin autorización previa de autoridad competente.

 

 

4.     Sentencia T-211 de 2010

M.P. Dr. Juan Carlos Henao Pérez

 

Por la urgencia con que los desplazados requieren ayuda es que la tutela constituye el mecanismo idóneo y eficaz para defender sus derechos fundamentales. La condición de desplazado se adquiere de facto, y no por la inscripción que la autoridad administrativa haga en el Registro Único de la Población Desplazada. Los parámetros por los cuales se rige la interpretación de la declaración de una situación de desplazamiento son: la aplicación del principio de buena fe a favor del desplazado, la inversión de la carga de la prueba hacia la autoridad, y la relevancia de las contradicciones únicamente en cuanto se refieran al hecho esencial del desplazamiento y no a elementos accesorios a la situación.

 

La Corte accedió a la protección de los derechos fundamentales a la dignidad humana e igualdad, de un grupo de personas desplazadas que a pesar de su situación no habían sido inscritas en el Registro Único de la Población Desplazada. En consecuencia, ordenó a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional que inscriba de forma inmediata a los actores en el RUPD. Ordenó igualmente a esta entidad que dentro de los 20 días siguientes, contados a partir de la notificación del fallo, entregue a los accionantes la ayuda humanitaria a que tienen derecho, los oriente adecuadamente y los acompañe para que accedan a los demás programas de atención para población desplazada. CONCEDIDA

 

 

5.     Sentencia T-235 de 2010

M.P. Luis Ernesto Vargas Silva

 

 

El trabajador que reúne los requisitos para acceder a la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, tiene la facultad de optar por su inmediato reconocimiento o continuar cotizando al Sistema hasta alcanzar el número de semanas necesarias para hacerse acreedor a la pensión ordinaria de vejez, ello por cuanto al ser el derecho a la indemnización sustitutiva de carácter imprescriptible, el trabajador tiene, en consecuencia, la posibilidad de solicitar posteriormente su reconocimiento.

 

La normatividad que regula el acceso a la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, es aplicable a todas aquellas situaciones que al momento en que entró a regir el artículo 37 de la Ley 100 de 1993 no se hubieren consolidado, con independencia del régimen pensional de que sea beneficiario el trabajador cotizante.

 

No es admisible constitucionalmente negar la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez señalar razones como que las cotizaciones de la pensión se realizaron con anterioridad a la Ley 100 de 1993 y que por consiguiente, en virtud del principio de irretroactividad de la ley, no son aplicables las disposiciones de la citada ley. Tampoco es admisible el que a la fecha del retiro definitivo del servicio, el trabajador no había cumplido el requisito de edad exigido en el artículo 1 del Decreto 1730 de 2001.

 

En el caso concreto la Corte protegió los derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital de una persona de 66 años de edad a quien a pesar de su lamentable y precaria situación económica que le hacía imposible seguir cotizando, Cajanal  negó la solicitud y reconocimiento de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez. De esta forma, dejó sin efectos las resoluciones de la citada entidad que negaron lo solicitado y, en consecuencia, ordenó a Cajanal que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo, reconozca y pague la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez a la actora, de acuerdo con las semanas de cotización debidamente acreditadas. CONCEDIDA

 

 

6.     Sentencia T-244 de 2010

M.P. Dr. Luis Ernesto Vargas Silva

 

 

En materia de acción de tutela contra actos administrativos, la regla general es la improcedencia, lo cual no obsta para que, en casos excepcionales, cuando se demuestre la existencia de un perjuicio irremediable, el juez pueda conceder la protección en forma de suspensión de los efectos del acto administrativo, mientras la jurisdicción competente decide de manera definitiva sobre la legitimidad.

 

En el caso concreto, la Corte analizó la solicitud de protección de los derechos fundamentales invocados por una persona, presuntamente vulnerados por la Registraduría Nacional del Estado Civil, al rechazarla para continuar en el proceso de selección para proveer mediante concurso abierto de méritos 64 cargos de Delegado Departamental, con el argumento que no cumplía con el requisito de legalizar mediante sello del Ministerio de Educación Nacional los diplomas y las actas de grado correspondientes a estudios de pregrado y posgrado, conforme a lo establecido en la convocatoria No. 003 de 2008.

 

La Corte confirmó la decisión adoptada por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que a su vez, confirmó el fallo de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que declaró improcedente la tutela instaurada.

 

Para la Corte, ninguno de los derechos invocados fue objeto de menoscabo o amenaza por parte de la entidad demandada. Consideró que si bien la Convocatoria 003 de 2008 trae consigo cierta inocuidad conforme a lo explicado por el Ministerio de Educación Nacional, no resulta constitucionalmente desproporcionado o irracional, máxime cuando 171 personas que acudieron el 10 de mayo de 2009 a presentar la prueba de conocimiento en ambiente web, 118 cumplieron a cabalidad con el requisito de legalización de sus títulos ante el Ministerio de Educación Nacional y solo 53 personal anexaron las actas únicamente con la autenticación notarial. Así, la carga no era desproporcionada o imposible de cumplir y su finalidad era que el citado Ministerio diera fe respecto a la institución de educación superior otorgante del título, existiera y estuviese debidamente registrada.  NIEGA

 

 

 

7.     Sentencia T-245 de 2010

M.P. Luis Ernesto Vargas Silva

 

 

En el caso de las tutelas contra providencias judiciales el término para interponerla debe contarse desde el momento en que el peticionario tiene conocimiento de la actuación que origina la violación de sus derechos fundamentales.

 

Es deber del juez constitucional analizar si el periodo transcurrido desde el conocimiento que tuvo el accionante de la actuación judicial, que en su concepto vulnera sus  derechos fundamentales , y la interposición de la tutela, resulta razonable y proporcional teniendo en cuanta las circunstancias especiales del caso.

 

En el presente caso la sentencia cuestionada, fue proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar el 6 de marzo de 2008, siendo notificada por edicto el 12 de marzo de la citada anualidad constituyéndose este el momento a partir del cual debe valorarse la inmediatez ya que es la sentencia y no el auto de obedézcase y cúmplase, la que origina la alegada vulneración de derechos fundamentales.

 

En suma la acción de tutela interpuesta, no cumple con el requisito de inmediatez en tanto esta fue instaurada transcurrido más de un año desde la fecha en que se tuvo conocimiento de la sentencia.  DENIEGA

 

 

8.     Sentencia T-280 de 2010

M.P. Humberto Antonio Sierra Porto

 

La tutela es admisible para el reconocimiento de prestaciones económicas ante la previsible ocurrencia de un perjuicio cierto, amenazante y grave para los derechos fundamentales del interesado. Su configuración es un tema cuya determinación compete al juez constitucional en atención a las condiciones materiales del solicitante.

 

En cuanto a la virtualidad del perjuicio irremediable, si bien el actor sobrepasa la tercera edad, no demostró sufrir los efectos de otros factores que invaliden de manera inmediata el medio ordinario de defensa judicial. En suma, no se probó de forma plena la afectación inminente de derecho fundamental alguno que hiciera concluir la ineficacia del medio principal de defensa al que el actor no ha acudido hasta la fecha. DENIEGA POR IMPROCEDENTE