Comunicado de tutelas No 09 de 2010

República de Colombia

Corte Constitucional

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Comunicado de tutelas No. 09 de 2010

 

 


1.     Sentencia T-747 de 2009

M.P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo

 

La mora judicial que afecta los derechos constitucionales fundamentales al debido proceso y a un proceso sin dilaciones y que admite la procedencia excepcional del amparo constitucional, es aquella que no tiene un origen justificado. De esta manera, un proceso sin dilaciones injustificadas debe entenderse como aquél trámite que se desenvuelve en condiciones de normalidad dentro de los plazos perentorios fijados por el legislador y en el que los intereses litigiosos reciben pronta satisfacción.

 

Si bien la administración de justicia debe ser pronta, no todo retardo genera una vía de hecho. Se debe presentar un retardo injustificado y éste sobreviene cuando la mora se da por falta de diligencia del juez en el cumplimiento de su función. Si se pretende justificar la mora, se debe demostrar que ésta se dio a pesar del cumplimiento oportuno y cabal de las funciones. Por último, se hace necesario indicar que el que exista o no justificación para la tardanza se calificará en el caso concreto.

 

En el presente caso la peticionaria en su condición de Magistrada del Tribunal Administrativo de Antioquia instauró acción de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales, al haber sido sancionada como consecuencia de un proceso disciplinario seguido en su contra con la suspensión de un (1) mes en el ejercicio de su cargo, al hallarla responsable de falta al deber funcional.

 

Para la Sala, la prueba era medular para el esclarecimiento de lo sucedido y  su decreto permitía conocer las razones por las cuales se había producido la mora en el trámite de la tutela, que era, precisamente lo que discutía la acción disciplinaria iniciada en contra de la accionante. El Consejo Superior negó la valoración de una prueba relevante para identificar la veracidad de los hechos puestos a su conocimiento, y era claramente una prueba que cambiaba el sentido del fallo, por cuanto, el origen  de la mora radicaba precisamente en el manejo  que la Secretaría del Tribunal le había dado  a la notificación de la demanda a Coldeportes,  entidad con la cual se integraba el contradictorio  en la causa que se estudiaba  por parte de la Magistrada. En consecuencia, siguiendo la jurisprudencia de esta Corporación, se configuró una vía de hecho en tanto la falta de consideración de un medio probatorio configura una vía de hecho siempre y cuando ésta determine un cambio en el sentido del fallo.

 

Igualmente se advierte la existencia de una  vía de hecho por violación directa de la Constitución, en tanto no se hizo en la sentencia sancionatoria una interpretación de las normas disciplinarias conforme a las normas superiores. En el presente asunto toca con la presunción de inocencia en el plano disciplinario. La previsión constitucional de que todo acusado tiene derecho a que se le presuma inocente, mientras no se compruebe que es culpable, conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa y con la plenitud de las formas previstas en el ordenamiento para juzgarlo, comporta que los servidores públicos solo puedan ser disciplinados cuando no queda duda de que incumplieron sus deberes o incurrieron en conductas prohibidas. Por las consideraciones anteriores, considera la Sala que  deben revocarse las sentencias de instancia que negaron el amparo solicitado, para en su lugar, ordenar al Consejo Superior de la Judicatura que falle nuevamente de conformidad con los  parámetros expuestos en esta providencia. CONCEDIDA

 

 

2.     Sentencia T-050 de 2010

M.P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo

 

Esta Corporación en reiterada jurisprudencia ha señalado que el derecho a la salud, además de incluir la facultad de reclamar atención médica, quirúrgica, hospitalaria y terapéutica, tratamientos y medicinas, incorpora obligatoriamente el derecho al diagnóstico, entendido como  la seguridad de que, si los profesionales de la medicina así lo requieren, con el objeto de establecer con claridad la situación actual del paciente en un momento específico, se debe practicar con prontitud y de manera completa los exámenes y pruebas, para determinar el tratamiento indicado y así controlar oportunamente y de manera eficiente las dolencias padecidas y, de esta manera restablecer su salud o por lo menos garantizar una vida en condiciones dignas.

 

El actor refiere padecer de dolor por falta de la prótesis e insiste en que la falta de ésta puede comenzar a afectar su ojo izquierdo; sin embargo, en el concepto emitido por el médico adscrito a Cruz Blanca EPS se señala que “el paciente requiere de la adaptación de una protesis escleral externa para mejorar su aspecto estético más esto no le va a ofrecer ninguna visión.”

 

De conformidad con lo expuesto y teniendo en cuenta la contradicción que existe entre lo dicho por el actor, respecto al fuerte dolor que padece en su ojo derecho por la falta del implante y lo dictaminado por el médico adscrito a la entidad, la Sala considera, que al ser el actor una persona perteneciente a la tercera edad que merece especial protección por parte del Estado, se deberá realizar una valoración por un grupo multidisciplinario de especialistas quienes deberán determinar, con exactitud, si es factible que el paciente todavía sienta dolor en su ojo derecho, la razón que pueda generar dicho padecimiento y, si es del caso, deberán señalar el procedimiento o tratamiento que se requiera para superarlo, proporcionándole las prestaciones a las que haya lugar, sin aducir justificaciones de tipo administrativo o presupuestal. CONCEDIDA

 

3.     Sentencia T-136 de 2010

M.P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo

 

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 Superior, no se concibe como un mecanismo judicial alternativo, adicional o complementario de los establecidos por la Ley para la defensa de los derechos, en tanto con ella no se pretende sustituir los procesos ordinarios o especiales y, menos aún, desconocer las acciones y recursos judiciales dispuestos dentro de estos procesos para controvertir las decisiones que se profieran.

 

El señor Coronel Germán Contreras Meléndez, demandó por vía de tutela al Ministerio de Defensa Nacional, a la Dirección Ejecutiva y al Consejo Asesor de la Justicia Penal Militar, argumentando la vulneración de su derecho fundamental al debido proceso administrativo, por haber sido excluido del proceso de construcción de referentes de calidad que fue concebido con el propósito de confeccionar una lista de candidatos para proveer 5 vacantes en los cargos de Magistrado del Tribunal Superior Militar, a pesar de que se encontraba postulado como único candidato por la Comandancia General de las Fuerzas Militares y de que había surtido, en su totalidad, las etapas propias del proceso de construcción de referentes de calidad.

 

Como quiera que ya fueron proveídos los cargos, ningún efecto podría tener mandato alguno proferido por el juez de tutela en defensa de los derechos fundamentales, ya que frente a tal coyuntura, la pretensión del actor, encaminada a la inclusión de su nombre en la lista de candidatos para ocupar los cargos de Magistrado de Tribunal Superior Militar, no tendría ningún sentido o carecería por entero de eficacia.

 

Sobre esa base, para controvertir las actuaciones puestas de presente en el caso bajo examen, el ordenamiento jurídico ha establecido mecanismos de defensa judicial ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, a los cuales se puede acudir para demandar su legalidad. En efecto, los artículos 84 y 85 del Código Contencioso Administrativo consagran las acciones de nulidad simple y de nulidad y restablecimiento del derecho, respectivamente, para efectos de controvertir actos administrativos, siendo estos los mecanismos judiciales idóneos y específicos con que cuenta el accionante para enervar los efectos dañinos que, en su consideración, se produjeron. DENIEGA

 

 

4.     Sentencia T-881 de 2009

M.P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo

 

Del principio de la buena fe nace el principio de la confianza legítima de los administrados, el cual, como lo ha mencionado reiteradamente esta Corporación, adquiere su importancia cuando la administración ha creado expectativas favorables para los administrados en ciertas condiciones específicas y, súbitamente, cambia las condiciones generando un desequilibrio en la relación administración-administrado. Por lo tanto, la confianza que los ciudadanos depositan  en las actuaciones de la administración debe respetarse y protegerse.

 

En el caso que ocupa la Sala, se tiene que la accionante ha trabajado por aproximadamente 25 años en todos los eventos que la Alcaldía de Fusagasuga como vendedora ambulante de mazorcas asadas, sin haber tenido ningún problema. Esta circunstancia no puede ser desconocida por la Administración de manera repentina. Así mismo, no puede pretender que a una persona que a lo largo de los años ha desempeñado su trabajo sin acreditar ningún requisito, se le impongan unas reglas y condiciones y se le conmine a su cumplimiento sin la debida información y acompañamiento.

 

La Sala observa, que la Administración de Fusagasuga no realizó un proceso previo  a la decisión de no permitirle a la actora desempeñar su trabajo en Expofusa 2009 por no acatar los reglamentos, pues la dejó abandonada a su suerte sin reparar en sus específicas consideraciones como madre cabeza de familia y en la necesidad que tiene de adelantar su trabajo informal. Por lo tanto, se ordenará al Municipio de Fusagasuga permitir la participación de la accionante en todos los eventos y ferias que realice la Alcaldía. CONCEDIDA.

 

 

5.     Sentencia T-818 de 2009

M.P. Dr. Nilson Pinilla Pinilla

 

Dentro del marco del estado social de derecho, frente a la especial protección a la tercera edad, específicamente a quienes estén en situación de pobreza extrema o indigencia, la Subcuenta de Subsistencia del Fondo de Solidaridad Pensional busca  responder por la protección de un mínimo de calidad de vida para quienes no cuentan con capacidad, sea de seguir laborando o de culminar con éxito las cotizaciones necesarias para acceder a una pensión.

 

En lo que respecta al mínimo vital, ha encontrado la Corte que se basa en el principio de solidaridad social y apunta al deber del Estado o de un particular de brindar las mínimas condiciones de vida de una persona, asegurando los elementos materiales mínimos para garantizar al ser humano una subsistencia digna y, por ende, imprescindibles para la satisfacción de los derechos fundamentales.

 

En este caso, la negativa del Consorcio PROSPERAR de afiliar a la accionante a la Subcuenta de Solidaridad se realiza conforme a la ley, toda vez que los límites máximos de edad, establecidos tanto en la Ley 100 de 1993 como por Decreto 3771 de 2007 excluyen a la demandante del subsidio, al tener ahora 75 años de edad, fijado como está el tope en 65 años. Empero, si bien la actora no cumple formalmente las calidades para ser beneficiaria, conforme a la presunción de buena fe, considera esta corporación que, aun así, su condición de persona de muy avanzada edad en tanto sujeto de especial protección constitucional por circunstancias de indefensión y vulnerabilidad, permite la inaplicación de las normas de requisito de edad para acceder a dicha Subcuenta, para que se le empiece a otorgar el subsidio económico que corresponda. CONCEDIDA

 

 

6.     Sentencia T-118 de 2010

M.P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo

 

El derecho a la estabilidad reforzada de los trabajadores que sufren limitaciones físicas, tiene una manifestación en el derecho a la reubicación. Gracias a esta prerrogativa, el trabajador cuenta con la posibilidad de que le sea asignado un empleo cuyas funciones sean acordes con su estado de salud, lo cual debe incluir, de ser requerido, la capacitación para su adecuado cumplimiento. 

 

La jurisprudencia constitucional ha indicado que el sólo cumplimiento del período de 180 días continuos de incapacidad, no implica la terminación unilateral de contrato por justa causa por parte del empleador, es decir, no es absoluta ni puede ejercerse de forma irrazonable o indiscriminada, en la medida en que a éste le corresponde reincorporar a los trabajadores que han recuperado su salud, o reubicar a aquellos que presentan incapacidades parciales, conforme con lo que médicamente se haya dictaminado.

 

La Sala encuentra que la actuación de la empresa accionada vulnera el derecho fundamental del accionante a la estabilidad laboral reforzada de la que son titulares las personas que sufren una limitación física. En ese sentido, Eurocasa S.A. desconoció los derechos fundamentales del demandante, al terminar unilateralmente el contrato laboral con él, aduciendo como justa causa, el que hubiese transcurrido un lapso de 180 días continuos de incapacidad, sin tener en cuenta que presentaba incapacidad médica, como quiera que no se había restablecido completamente su estado de salud, con mayor razón, si se tiene en cuenta que, conforme con el concepto médico sobre la rehabilitación, emitido por el Doctor Alfonso Monroy, el 2 de abril de 2009, el trabajador tiene posibilidades de recuperación.

 

En ese orden de ideas, una vez agotado el período de 180 días continuos de incapacidades del trabajador, conforme con lo que médicamente se estableciera, el empleador debe reincorporarlo a sus labores, en el caso en el que se hubiere recuperado completamente, o reubicarlo en un empleo acorde con su estado de salud. De cualquier forma, la decisión de dar por terminado el contrato de trabajo de una persona en estas condiciones debe estar precedida de la autorización de la autoridad laboral competente, que verifique la existencia de una causal objetiva diferente a su limitación física. No obstante, en el caso del accionante la empresa dio aplicación a la causal de terminación unilateral por justa causa, sin esperar a que, conforme con una valoración médica, se determinara si podía regresar a sus labores o debía ser reubicado en otro empleo con funciones acordes con su estado de salud.

 

Por todo lo anterior, la Sala concluye que la actuación de la empresa demandada es discriminatoria desde el punto de vista del ordenamiento constitucional, y encuentra que el motivo de la desvinculación del accionante, fueron las incapacidades causadas en la recuperación que adelanta de las lesiones que sufrió en su pierna izquierda, lo cual como ya se indicó, desconoce el derecho fundamental de aquél a la estabilidad laboral reforzada de que goza.

 

Por lo expuesto, la Corte protegerá el derecho fundamental del demandante a la estabilidad laboral reforzada de las personas que padecen limitaciones físicas. En consecuencia, ordenará a la entidad demandada que restablezca y mantenga el vínculo jurídico laboral, para lo cual deberá proceder a reincorporar al accionante al empleo en el que se desempeñaba, extendiéndole un nuevo contrato de trabajo. CONCEDIDA

 

7.     Sentencia T-135 de 2010

M.P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo

 

En cumplimiento del deber constitucional y legal del Estado, de preservar el espacio público, el ordenamiento jurídico prevé diversos instrumentos de naturaleza policiva, destinados a la realización de tal fin. Sin embargo, conforme con la jurisprudencia de esta Corporación, su ejercicio no puede ser irrazonable o desproporcionado, y debe observar los límites que le impone el respeto por los derechos de las personas que, si bien, ocupan indebidamente el espacio público a efecto de desarrollar actividades productivas para su subsistencia, lo hacen amparadas por la tolerancia de la administración pública, lo que les crea una expectativa fundada de estabilidad y de que su actuación se ajusta a derecho. Por esa razón, en cualquier plan o política de recuperación del espacio público que adelanten las autoridades, que implique limitación de derechos para las personas que, como se ha venido señalando, desarrollan actividades informales en el mismo, para percibir recursos que les permitan subsistir, debe tener previstas medidas alternativas que las protejan.

 

Se puede afirmar que la tensión existente entre la necesidad de proteger el espacio público como deber constitucional y legal del Estado, y la realización del derecho al trabajo de quienes desarrollan irregularmente actividades comerciales en este, con la convicción fundada, en las acciones u omisiones de las autoridades públicas, de que su actuar es acorde con el ordenamiento, se concilia gracias a la aplicación del principio de confianza legítima, el cual si bien, no confiere un derecho adquirido para permanecer en él, sí obliga a la administración a ofrecer programas de reubicación.

 

Advierte la Sala, que la administración del Municipio de Ibagué por virtud de la Resolución número 0032, del 3 de marzo de 2009, declaró ocupante indebida del espacio público a la accionante, y ordenó su desalojo de la caseta en la que ejercía su actividad comercial, sin considerarla amparada por el principio de confianza legítima, y sin ofrecerle una alternativa de reubicación que le permitiera desempeñarse en otra actividad productiva gracias a la cual pudiera percibir ingresos para su subsistencia y la de su familia. Ello, con el argumento de que no tenía permiso expedido por la autoridad, no había pagado impuestos por ese hecho durante su estadía, y por haber accedido a la ocupación por virtud de una cesión de un tercero.

 

Sin embargo, la Sala observa que el Municipio de Ibagué no tuvo en cuenta que, conforme con las reglas jurisprudenciales, son beneficiarios del principio de confianza legítima quienes, como en el caso de la accionante, venían desarrollando actividad comercial en el espacio público previamente a la adopción de la decisión de la administración de recuperarlo, siempre que la ocupación haya sido consentida o tolerada por las autoridades estatales, lo que en este caso se cumple, en la medida en que la demandante comenzó a ejercer su actividad de vendedora informal en el año 2002, y el Decreto 0280, por el cual se adopta la decisión general de recuperarlo, data del año 2003.

 

Por lo anterior, si bien, en principio la autoridad respetó el debido proceso de la accionante durante el trámite del proceso administrativo policivo de restitución del espacio público, este Tribunal estima que la entidad vulneró los derechos fundamentales, cuya protección se reclama, al no aplicar a su caso el principio de confianza legítima y haberla privado de la posibilidad de ser beneficiaria de una alternativa de reubicación, que le permitiera seguir desempeñando su actividad comercial para obtener los recursos para su subsistencia y la de su familia.

 

Ahora bien, como se expuso, de la aplicación de este principio no nace para el beneficiario un derecho a permanecer en el espacio público, sino que con él se protege una expectativa, a través del ofrecimiento de medidas alternativas (reubicación). Por ello, la Corte no puede acceder a la pretensión de la demandante de que se le permita continuar ejerciendo su actividad comercial en el lugar en el que habitualmente lo hacía. CONCEDIDA