Comunicado de tutelas No. 10 de 2011

   República de Colombia

Corte Constitucional

Presidencia

Oficina de Comunicaciones

 

Comunicado de tutelas No. 10 de 2011

 

                                              

1.  Sentencia T-289 de 2011

M.P. Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub

La posición de la Corte Constitucional frente al tema de la motivación de los actos de insubsistencia de nombramientos en provisionalidad, difiere ampliamente de la tesis acogida por el Consejo de Estado. Para  la Corte, existe un deber de motivación de los actos de retiro, cuya ausencia configura un vicio de nulidad por violación de principios y derechos de rango constitucional, como el debido proceso y acceso a la administración de justicia, toda vez que la facultad discrecional tiene límites.

 

La señora Yolanda Inés Vargas Galindo, considera que el Juez 23 Administrativo del Circuito de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al dictar las sentencias dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, transgredieron sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, por cuanto en ellos desconocieron la jurisprudencia de la Corte Constitucional frente a sus reiterados pronunciamientos en relación con la estabilidad relativa que cobija a los empleados públicos nombrados provisionalmente en cargos de carrera administrativa.    

 

La Corte es la intérprete con autoridad de la Constitución y ha establecido que para el respeto del debido proceso administrativo, como derecho fundamental, se hace necesaria la motivación, la posición asumida por los jueces de instancia acarrea un franco desconocimiento de la Carta Constitucional.

 

En efecto, la decisión adoptada en el curso del proceso ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo ha vulnerado los derechos fundamentales al debido proceso y acceso efectivo a la justicia de la peticionaria, teniendo en cuenta que en sus consideraciones los jueces se apoyaron en la tesis acogida por el Consejo de Estado.

 

En el presente caso, ninguna de las decisiones de instancia fue respetuosa de la jurisprudencia constitucional, por lo tanto, encuentra la Sala que no es viable ordenar que se profiera un nuevo fallo, sino que  la única alternativa realmente idónea consiste en proceder directamente a dictar sentencia sustitutiva o de reemplazo, pues sólo de esta manera se ofrece un recurso judicial que asegure la protección oportuna, real y efectiva de los derechos fundamentales vulnerados.

 

En consecuencia, y acogiendo lo dispuesto en la sentencia de unificación SU-917 de 2010, la Sala declarará la nulidad del acto de insubsistencia y, a título de restablecimiento del derecho, ordenará el reintegro al cargo ocupado por la demandante Yolanda Inés Vargas Galindo sin considerar que ha existido solución de continuidad, así como el pago de salarios y prestaciones dejados de percibir desde la desvinculación hasta cuando sea efectivamente reintegrada, lo que deberá hacerse con las actualizaciones pertinentes y en atención a lo previsto  en los artículos 176, 177 y 178 del C.C.A.

 

Advirtiendo que lo anterior no genera fuero de inamovilidad alguno, pues el retiro del servicio en todo caso podrá hacerse por las causales previstas en la Constitución y la Ley, siempre  con la motivación del acto de retiro en los términos señalados en la presente sentencia.

 

Así mismo, el reintegro ordenado sólo será procedente cuando el cargo específicamente desempeñado por la demandante no haya sidsido provisto mediante el sistema de concurso de méritos. En tal evento, sólo habrá lugar al pago de salarios y prestaciones hasta el momento en el que se haya efectuado la vinculación efectiva del servidor público mediante el sistema de concurso. CONCEDIDA.

 

2  Sentencia T-331 de 2011

M.P. Dr. Nilson Pinilla Pinilla

Cuando la protección del derecho a la vivienda digna sea solicitada al juez de tutela, dicha autoridad no podrá sin más desconocer la procedibilidad del amparo valiéndose del supuesto carácter no fundamental del derecho, así como tampoco será apropiado que recurra al criterio de la conexidad para negar la admisibilidad del amparo. Sino que se deberá identificar, en atención a las circunstancias del caso concreto, si la pretensión debatida en sede de tutela hace parte de la faceta de defensa o de prestación del derecho, para en este último caso limitar su intervención a aquellos supuestos en los cuales se busque la efectividad de un derecho subjetivo previamente definido o en los que pese a la inexistencia de tal definición, la protección constitucional resulte necesaria de cara a las circunstancias de debilidad manifiesta en las que se encuentran sujetos que en razón de sus condiciones físicas, mentales o económicas requieren la especial protección del Estado.

 

La accionante madre cabeza de familia de tres hijos, considera que la Alcaldía y la Secretaría de Control Físico Municipal de Pereira,  vulneraron su derecho a la vida y a la vivienda digna, al ordenar la demolición de su casa, porque se construyo sin licencia y se encontraba ubicada en una “zona de riesgo potencial”,  por lo que solicitó a la administración que suspendiera la orden de desalojo o que la reubicaran “en una vivienda digna”.

 

Para la Sala es claro, que la actora y sus hijos eran ocupantes ilegales de un bien de uso público, por tal razón, dichos bienes son imprescriptibles, inalienables e inembargables, dado que pertenecen al Estado o a otros entes estatales, destinados al uso común de todos los habitantes del territorio nacional. Por ello, la ocupación de dichos bienes debe tener permiso de la autoridad competente, ya sea en virtud de licencia o concesión, conforme a la ley; en consecuencia, cuando la ocupación es ilegal, la administración deberá, de conformidad con las normas legales, recuperar dicho título, a través de las diferentes vías policivas y judiciales que se encuentren establecidas. Por tal razón, es que el desalojo realizado por las entidades demandadas es constitucional y legalmente viable y factible. 

 

Empero, es importante resaltar que la vivienda es un derecho de rango fundamental, entonces, se entiende que su protección por vía de tutela, solo se limita a la revisión de los requisitos generales de procedibilidad de este mecanismo constitucional. Así, del estudio del acervo probatorio, se observa que esta acción cumple con todo los requisitos de procedencia, dado que la actora es madre cabeza de familia de tres hijos, dos de ellos menores de edad, y que se encuentran en una situación económica precaria, considerándolos sujetos de especial protección, debido a la situación en la que se encuentran. 

 

Por dicha razón, la Sala estima que la administración actúo de manera ágil y rápida para restituir dicho bien al Estado, por considerarse bien se uso público, no obstante, ésta no se preocupo por el futuro de las 22 personas que desalojó, dentro de las cuales se encontraba la accionante y su núcleo, omitiéndole infórmale sobre los programas de vivienda y los respectivos subsidios, que llegaren a tener las entidades demandadas, realizándoles un debido acompañamiento, para incluirla en la lista de algunos de dichos programas, teniendo en cuenta su condición social y económica, pero respetando los turnos de las personas que se encuentra en espera que adquirir una vivienda.

 

En consecuencia, se revocará el fallo de instancia y En su lugar, la Corte tutelará el derecho a la vivienda digna, ordenado a las entidades demandadas que incluyan a la señora Blanca Mora Monge y a sus hijos en un programa de vivienda y de subsidios económicos, que la administración esté realizando, teniendo en cuenta su condición social y económica, respetando el orden de asignación. CONCEDIDA

 

3  Sentencia T-270 2011

M.P. Dr. Nilson Pinilla Pinilla

La jurisprudencia ha sostenido reiteradamente que el ser humano necesita mantener adecuados niveles de salud, no solo para sobrevivir, sino para desempeñarse apropiadamente como individuo, en familia y en sociedad, de modo que al surgir anomalías que afecten los niveles de pervivencia estable, aún cuando no se esté en presencia de una enfermedad letal, debe brindarse una atención oportuna, para que no se ponga en peligro la dignidad personal y el paciente mantenga el derecho a las posibilidades de recuperación, recibir curación o alivio a sus dolencias y se le procure continuar la vida con dignidad.

 

En el presente asunto la peticionaria considera que la Secretaría Departamental de Salud del Cauca y/ Caprecom EPS-S le vulneraron sus derechos fundamentales a la salud y a la vida digna, al negarle la autorización de cirugía bariátrica que requiere para superar, no sólo el problema de obesidad mórbida que padece, sino otra afecciones generadas por su exceso de peso, por no encontrarse contemplada en el POS-S.

 

Contrario a lo aducido por la entidad accionada, las operaciones previstas en el artículo 62 de la Resolución N° 5261 de 1994, referidas a “derivaciones en estómago”, bajo el código 07630, “anastomosis del estómago; incluyendo gastroduodenostomia, gastroyeyunostomía”, y el código 07631, “anastomosis del estómago en Y de Roux”, abarcan la técnicamente entendida como “by pass gástrico para cirugía bariátrica”, sí está incluido en el POS. Así, no existe razón constitucional ni legal que permita a las entidades encargadas de prestar el servicio de salud negar la autorización anhelada.

 

En este orden de ideas, serán amparados los derechos a la salud y a la vida de la peticionaria en condiciones dignas y se ordenará a las entidades demandadas, que si todavía no lo han realizado, coordinadamente y en el ámbito propio de sus funciones,  autoricen la remisión de la paciente al grupo interdisciplinario, para que sea valorada y advertida de la naturaleza, características, riesgos y consecuencias de la cirugía bariátrica y, si ella está de acuerdo y ese es el procedimiento médico quirúrgico apropiado, lo inicie en un término no mayor a un mes, debiendo concluir en el menor lapso científicamente indicado, dando oportuno y cabal cumplimiento a la adicional atención integral que deba prestársele. CONCEDIDA

 

4.  Sentencia T-324 2011

M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio

La Constitución Política consagra en su artículo 49 que la salud es un derecho y un servicio público a cargo del Estado, y que le corresponde a este garantizar a todas las personas su promoción, protección y recuperación. Esta Corporación ha expuesto que se trata de un derecho autónomo, en tanto no requiere una relación de conexidad para que proceda su protección por vía de acción de tutela.

 

En relación con el servicio de salud para las personas privadas de la libertad, ha establecido que el Estado tiene la obligación de garantizar íntegramente su prestación, a través del Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario, específicamente debido a la estrecha relación que guarda con las garantías fundamentales a la vida y la dignidad.

 

La señora Luz Marina Marín Castaño, como agente oficiosa de su hijo Osman Alexis Marín, promovió acción de tutela en contra del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – Inpec, el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Garzón (Huila) y el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Florencia (Caquetá), por considerar vulnerados sus derechos de petición, al mínimo vital, a la salud y a la vida digna. 

 

En el presente caso, la Directora del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Garzón (Huila) solicitó la medida de prisión domiciliaria para el agenciado con base en los conceptos médicos emitidos por el Departamento de Sanidad del Centro Carcelario que aseveraban que tal Departamento no contaba con las instalaciones y el personal adecuado para realizar el manejo especializado por parte de medicina, en lo relativo a las terapias y psiquiatría permanentemente.

 

Teniendo en cuenta el precario estado de salud del agenciado y el hecho de que la medida de sustitución de pena se debió precisamente a las secuelas graves por la hipoxia cerebral que sufrió estando recluido en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Garzón (Huila), la Corte considera que dicho establecimiento no cumplió con el mandato de prestación integral del servicio de salud al solicitar el traslado del interno sin consultar a la progenitora del mismo sobre su facultad para continuar con el cuidado de éste ni tener en cuenta las posibilidades físicas y económicas para auxiliar de manera adecuada a su hijo. Esta Corporación reitera que las instituciones carcelarias no pueden desprenderse de la obligación de atención médica del señor Osman Alexis Marín por el hecho de que ya no se encuentre recluido en sus instalaciones, por cuanto su deber de solidaridad se extiende al mantenimiento de las condiciones óptimas de vida de quien enfermó bajo su custodia.Por tanto, se ordenará al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario que, inicie todos los trámites administrativos tendientes a trasladar al señor Osman Alexis Marín al Departamento de Sanidad del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Garzón (Huila). CONCEDIDA

 

5.  Sentencia T-052 2011

M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio

Esta Corporación ha señalado que el derecho al mínimo vital “no sólo comprende un elemento cuantitativo de simple subsistencia, sino también un elemento cualitativo relacionado con el respeto a la dignidad humana.”[1]  Por ello, cuando esté de por medio la afectación de este derecho, deberá evaluarse el caso  en concreto, ya que “este derecho no es necesariamente equivalente a un salario mínimo mensual legal vigente y depende del entorno personal y familiar de cada quien. De esta forma, cada persona tiene un mínimo vital diferente, que depende en últimas del estatus socioeconómico que ha alcanzado a lo largo de su vida.”.

 

El señor Luis Aníbal Ramírez Castrillón interpuso acción de tutela contra la Nueva E.P.S., con el fin de que se amparen sus derechos fundamentales a la salud, a la dignidad humana a la integridad personal y al mínimo vital,  los cuales estima trasgredidos por la negativa de la entidad de suministrar la prótesis ocular ordenada por el médico tratante adscrito a la E.P.S. accionada, con el argumento de que dicha prestación se encontraba excluida del Plan Obligatorio de Salud.

 

De acuerdo con las pruebas aportadas en el expediente y de las recaudadas en Sede de Revisión  queda claro que producto de una agresión con arma de fuego, el accionante perdió su ojo derecho, frente a lo cual el médico tratante adscrito a la E.P.S. accionada ordenó “prótesis ocular ojo derecho DX POP de evisceración OD”.

 

Considera la Sala que en el caso concreto la prestación de entrega de prótesis ocular solicitada, transcendía del plano eminentemente estético, ya que la pérdida del ojo generaba en el señor Ramírez Castrillón una afectación clara de su derecho a la integridad personal y de su dignidad humana, además de impedirle llevar  una vida en relación, sin traumatismos. La anterior situación queda probada por la historia clínica y por el informe técnico legal de lesiones no fatales, realizado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, los cuales fueron aportados al expediente. Allí se estipula que el daño ocasionado con arma de fuego, generó una deformidad física de carácter permanente que afecta el rostro, el cual derivó además en una perturbación funcional del órgano de la visión. Esto permite concluir que la solicitud realizada ante la E.P.S., no obedecía al capricho del demandante, ya que estaban claras las consecuencias de la pérdida de su ojo.

 

Así mismo, es importante resaltar que de acuerdo a las pruebas el demandante no contaba con los medios económicos para proveerse la prótesis ordenada. Por consiguiente, era necesario inaplicar las estipulaciones del Plan Obligatorio de Salud y conceder la entrega de la prótesis ocular ordenada, sin mayor dilación ni trámites de tipo administrativo ni judicial.  Sin embargo, al haberla obtenido de manera particular y a través de un préstamo, situación que compromete aún más su mínimo vital, se estima pertinente autorizar el pago de lo invertido por el actor en la compra de la prótesis para lo cual el señor Luis Aníbal Ramírez Castrillón deberá aportar ante la E.P.S la documentación requerida que soporte los costos en los cuales tuvo que incurrir.

 

Lo anterior, teniendo en cuenta que la obligación crediticia que el demandante adquirió para proveerse la prótesis ocular a la cual tenía derecho, por cumplir con los requisitos jurisprudenciales trazados para ello, deviene en una carga no soportable y por tanto, una vulneración a su mínimo vital.Por consiguiente, se ordenará a la E.P.S. accionada que reembolse al señor Castrillón el valor de la prótesis ocular ($800.000), que tuvo que pagar a través de un préstamo. CONCEDIDA

 

 

 

 

 

 

 



[1] Sentencia T-391 de 2004.