Comunicado de tutelas No 15 de 2010

República de Colombia

Corte Constitucional

Presidencia

Oficina de Comunicaciones

 

 

 

Comunicado de tutelas No. 15 de 2010

 

 


1.     Sentencia T-682 de 2010

M.P. Dr. Nilson Pinilla Pinilla

 

Del carácter subsidiario y residual de la acción de tutela, debe deducirse que su objeto no es suplir otros medios judiciales, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, o que la vía común, regular u ordinaria de defensa carezca de idoneidad o de oportunidad para la subsanación requerida

 

Como se desprende de los antecedentes, la sociedad Universal de Casinos S. A. (UNIDELCA) acudió mediante apoderada a la acción de tutela, al considerar que la Inspección de Urbanismo, Espacio Público y Medio Ambiente, la Subsecretaría de Control Físico, la Secretaría de Gobierno y la Alcaldía de Pasto, vulneraron los derechos al debido proceso, a la igualdad y a la libertad económica y de empresa, al tomar la decisión de realizar el cierre definitivo del casino “El Condado”, ubicado en el centro de Pasto, como consecuencia de una decisión del Tribunal Administrativo de Nariño, que declaró la nulidad del certificado de compatibilidad de uso de suelos de dicho establecimiento de comercio.Aduce la parte actora que el referido cierre constituye un perjuicio irremediable que hace procedente el amparo, al menos de manera transitoria mientras la jurisdicción contencioso administrativa se pronuncia definitivamente al respecto.

A juicio de la Sala el perjuicio irremediable aducido por la empresa puede llegar a ser de carácter pecuniario, pero no reviste las connotaciones de inminencia, apremio, ilegitimidad y afectación a verdaderos derechos fundamentales, que hagan procedente el mecanismo transitorio de amparo. Además, existe otro medio judicial de defensa idóneo para afrontar la hipotética ilegalidad del acto administrativo, pidiendo su nulidad y el restablecimiento del derecho.  DENIEGA

 

2.     Sentencia T-210 de 2010

M.P. Dr. Juan Carlos Henao Pérez

 

La facultad de adelantar acciones tendientes a la recuperación del espacio público ocupado irregularmente no es ilimitada, pues debe ejercerse mediante un proceso judicial o policivo en el que se respeten las reglas del debido proceso y el principio de confianza legítima. Esto es así debido a que el deber constitucional y legal de proteger el espacio público está limitado por el respeto de los derechos fundamentales de los ocupantes del mismo.

 

En este asunto el peticionario instauró tutela contra la Alcaldía y la Inspección Segunda de Policía de  Floridablanca, con el objetivo de obtener la protección de sus derechos fundamentales, que habrían sido vulnerados como consecuencia de que las autoridades accionadas ordenaron, en el marco de un proceso policivo de restitución de bien de uso público, la restitución y desalojo de un inmueble ocupado ilegalmente por él.

 

La Sala estima que las decisiones adoptadas dentro de los procesos policivos objeto de reproche, no fueron notificadas al peticionario conforme a lo dispuesto en los artículos 403 del Código Departamental de Policía de Santander y a los artículos 44 y 45 del Código Contencioso Administrativo (notificación personal), lo cual  no obsta para decir que el peticionario se notificó por conducta concluyente. Aunque la  Sala estima que no hubo una violación del debido proceso dentro del proceso, es necesario señalar que la actuación administrativa objeto de análisis supuso la vulneración del principio de confianza legítima que debió aplicarse para culminar con la orden de desalojo del bien inmueble ocupado por el peticionario, debido a que actuó siempre de buena fe, esto es, bajo la convicción de que estaba ocupando un bien que le pertenecía en la medida en que llevaba más de una década ejerciendo la tenencia del inmueble, con ánimo de señor y dueño, sin que nadie se hubiese opuesto a la misma, aduciendo mejor título. Así, durante al menos un periodo de ese tiempo, la Administración omitió sus deberes de iniciar el proceso policivo de restitución de bien de uso público y, decididamente, esa omisión persistente en el tiempo, le generó al peticionario la convicción de que estaba poseyendo un bien sin propietario, y en esta medida, creyó estar actuando conforme a derecho. En este contexto, la orden de desalojo, adoptada, desestabilizó de manera cierta y evidente la relación entre el peticionario y la Administración.

 

Por los motivos antes expuestos, la Sala ordenará a la Alcaldía Municipal de Floridablanca que, antes de proceder al desalojo, llegue a un acuerdo con el peticionario en el que, en todo caso, se le reconozcan las mejoras que este hubiere hecho sobre el inmueble, con el fin de proteger sus derechos al trabajo y al mínimo vital. Aunque en general los efectos de la tutela son inter partes, la Sala considera que los efectos de esta providencia, en lo que respecta a la protección de los derechos al trabajo, a la vivienda digna y al mínimo vital, deben ser aplicados inter comunis, pues existe un universo objetivo de personas que se encuentran en la misma situación del peticionario de manera que, si se tutelaran únicamente los derechos del actor, se vulneraría el derecho a la igualdad. CONCEDIDA

 

3.     Sentencia T-493 de 2010

M.P. Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub

 

 

La esencia de la protección del derecho fundamental a la libertad de cultos, radica en la imposibilidad de restringir la relación que establece el individuo con el ser superior de la creencia a la cual decidió pertenecer, en las condiciones que señale el credo del respectivo culto.

 

La libertad de cultos supone, en cuanto a su núcleo esencial, las posibilidades, no interferidas por entes públicos o privados, de dar testimonio externo de las propias creencias. Por lo tanto, prima facie, le está vedado al Estado (así como a particulares), impedir que la persona establezca la relación personal con aquello que considera un ser superior y que lo haga público, en las condiciones que el particular credo (condiciones de relación con el ser superior) y código moral que se deriva del mismo, le impongan. Así mismo, supone la obligación de respetar dicho código moral.

 

En el presente asunto, el peticionario, quien es miembro de la iglesia Evangélica Libre de Quibdó, solicita se proteja el derecho fundamental a la libertad de cultos y a la igualdad por considerar que el ICFES los desconoció al negarle presentar el examen de estado para el ingreso a la Educación Superior en un día distinto al domingo, por cuanto el credo de la religión a la cual pertenece les ordena guardar santo el día domingo y abstenerse de todo trabajo secular que no sea obra de caridad y necesidad.

 

Para la Sala, si bien realizar el examen de estado es una medida necesaria en virtud del artículo 67 de la Constitución Política, el efectuarlo un día distinto no contraviene la obligación constitucional de la entidad demandada. En efecto, lo que se pretende no es que no se realice, sino que se practique un día distinto, pues ello armoniza el derecho fundamental a la libertad de cultos del actor y la obligación del ICFES de evaluar la calidad de la educación en Colombia. Por tanto, se considera que la obligación de realizarle la prueba el domingo, puede reemplazarse por una medida menos lesiva del derecho fundamental a la libertad de cultos del accionante, pues el credo de la religión a la cual pertenece le impide realizar actividades que no sean propias de su creencia religiosa. En esas condiciones la Sala considera que la entidad demandada al no programar para el accionante un día distinto al domingo la presentación del examen de estado para el ingreso a la Educación Superior vulneró su derecho fundamental a la libertad de cultos. CONCEDIDA

 

4.     Sentencia T-763 de 2010

M.P. Dr. Juan Carlos Henao Pérez

 

 

En lo que tiene que ver con las especificidades del proceso disciplinario, la Corte constitucional ha reconocido la plena aplicabilidad del debido proceso, conforme lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución. De tal suerte, el Derecho sancionador del que hace parte el Derecho disciplinario, se encuentra ordenado por los principios de legalidad, publicidad, imparcialidad, favorabilidad, presunción de inocencia, contradicción, celeridad, protección de los derechos fundamentales en la consecución y valoración probatoria y consagración del non bis in idem.

 

En el presente caso en  opinión del actor, tanto la decisión del Consejo Superior de la Judicatura como la del juez disciplinario de instancia (Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia), vulneraron el debido proceso por cuanto en ellas se le endilgó una conducta –la apropiación de dineros- que nunca le fue imputada por la denunciante, señora Gilma Serrano Triana. Ella, por el contrario, en la denuncia formulada sólo se refirió a las “indelicadezas del abogado” y en el documento de desistimiento de la acción disciplinaria, indicó claramente estar segura de que el denunciado personalmente no recibió ningún dinero pues él no le quitaba un peso a nadie”.

 

A este respecto, estima la Sala que aunque hace parte de sus alegatos el hecho de que se hubiese imputado una falta por la cual no fue denunciado, ésta situación no constituye una irregularidad procedimental reconocible en el ordenamiento jurídico de carácter disciplinario. Es decir, que no existe disposición alguna dentro del procedimiento establecido que someta a la autoridad competente llamada a adelantar el proceso en cuestión, el circunscribir la imputación de las faltas, única y exclusivamente a las palabras de quien denuncia y no a lo probado preliminarmente y a la adecuación típica que tal pesquisa inicial pueda derivar.

 

Lo importante es que el investigado haya tenido conocimiento de los hechos en los que se basó la denuncia y que cuando éstos lo ameriten, haya conocido en los términos pertinentes la calificación provisional que de los mismos hizo el magistrado sustanciador, que es, a su vez, base de la decisión por la cual se impone o no la sanción correspondiente. 

En este orden, no encuentra la Sala de Revisión arbitrario el razonar del Consejo Seccional ni del Consejo Superior de la Judicatura, cuando estimaron que la conducta probada en el expediente disciplinario se pudiera adecuar en la falta disciplinaria a la honradez del abogado consistente en (art. 54, num. 4º del Decreto 196 de 1971) “Utilizar tales dineros, bienes o documentos en provecho propio (…)”.

Porque además de que, como se ha dicho, existen pruebas que determinan que en su despacho fueron recibidos dineros de propiedad de la cliente del abogado, señora Gilma Serrano y de que no existe prueba ninguna que permita establecer que tales sumas fueron entregadas a esta última por parte del abogado o de sus dependientes, no resulta contraevidente estimar, como lo hicieron los jueces disciplinarios, que con ello aparecía claro que el señor Prieto Villegas hubiere utilizado tales recursos en su propio provecho.

Es, a este respecto, oportuno recordar, en cuanto a la presunción de inocencia en el proceso disciplinario, que esta puede ser desvirtuada probando con ponderación y sin el mismo rigor que opera en el Derecho penal, que la falta imputada se encuentra tipificada, que ocurrió, que la autoría y responsabilidad le era predicable del sujeto pasivo de la acción disciplinaria. Y ello ocurrió en el presente asunto, cuando se coligió de las pruebas del proceso, que al haber recibido los dependientes de Juan H. Prieto los dineros pagados por Rosario Gutiérrez a favor de Gilma Suárez y al no haberlos entregado a la persona a quien pertenecían, fue el abogado regente de la oficina en cuestión quien los utilizó en su provecho, incurriendo en ese orden, en la falta disciplinaria endilgada.

En orden a lo anterior, no encuentra la Sala de Revisión que se haya producido la vulneración del debido proceso alegada en la presente tutela, con lo cual las decisiones judiciales bajo estudio, no han incurrido en vía de hecho. Por lo tanto, habrá de confirmarse la decisión del juez de segunda instancia en sede de tutela, que a la vez reconoció la procedencia de la acción al haberse cumplido el requisito de inmediatez, pero denegó la petición de amparo por no acreditar los defectos especiales aducidos. DENIEGA

 

 

5.     Sentencia T-231 de 2010

M.P. Dra. María Victoria Calle Correa

 

 

Si el juez constitucional logra establecer que el despido o la terminación del contrato de trabajo de una persona discapacitada se produjo sin previa autorización de la Oficina del Trabajo, deberá presumir que la causa  es la circunstancia de discapacidad que aquel padece y que bien puede haber sobrevenido como consecuencia de la labor desempeñada en desarrollo de la relación laboral. En consecuencia, el juez estará en la obligación de proteger los derechos fundamentales del peticionario, declarando la ineficacia del despido, obligando al empleador a reintegrarlo y de ser necesario reubicarlo, y en caso de no haberse verificado el pago de la indemnización prevista por el inciso segundo del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, deberá igualmente condenar al empleador al pago de la misma.

 

En este asunto, el señor Francisco Luís Hernández Hernández, presentó acción de tutela en contra de la empresa LÁMPARAS ILUMECO S.A., tras considerar que su despido, mientras se encontraba en incapacidad permanente parcial, vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, la igualdad y el trabajo.

 

Para la Sala es claro que, en el momento de la terminación de la relación laboral, el actor se encontraba en un estado de incapacidad permanente parcial, según se desprende de las calificaciones de  pérdida laboral de la ARP COLMENA (4 de mayo de 2009)  y de la Junta Regional de Calificación del día 11 de junio de 2009. Al  respecto se destaca que esta circunstancia era de pleno conocimiento de los directivos de la empresa, si se tiene en cuenta que las mismas se desarrollaron durante la vigencia de la relación laboral.

En tal sentido, la Corte advierte que, en el caso sub-exámine, la empresa accionada desconoció los derechos fundamentales del ciudadano  en tanto que la no renovación del contrato individual de trabajo que tenía suscrito se torna irregular, toda vez que no obstante que el actor presentaba una disminución de su capacidad física que era de su pleno conocimiento, no cumplió con el procedimiento establecido en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997. CONCEDIDA como mecanismo transitorio.

 

6.     Sentencia T-678 de 2010

M.P. Dr. Nilson Pinilla Pinilla

 

 

La valoración del mínimo vital no es una calificación objetiva, pues depende de la situación específica, para el caso, del pensionado. Por tanto, ese concepto no se relaciona con el monto de las sumas adeudadas o con una valoración numérica de las necesidades biológicas mínimas a satisfacer, sino con la apreciación material del valor de su trabajo, de las circunstancias propias de cada individuo, y del respeto por sus particulares condiciones de vida. Como consecuencia de lo anterior, la jurisprudencia ha considerado que son factores importantes para su análisis, la edad del pensionado y que su subsistencia dependa de las mesadas.

 

La señora Esperanza Mosquera Ararat presentó acción de tutela contra la Alcaldía de Buenos Aires, Cauca, en marzo 12 de 2010, por considerar que ese ente territorial conculcaba sus derechos fundamentales a la vida digna y al mínimo vital, al no cancelarle unas mesadas pensionales adeudadas, correspondientes a los meses de marzo, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2001; la prima del año 2005; y los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, con la correspondiente prima, del año 2006.

 

Como se anotó, la cobertura del mínimo vital abarca los recursos indispensables para el sostenimiento básico de un ser humano y de su familia. Pero lo que acá se está reclamando es el pago de derechos mensuales y primas de antaño, percibiéndose los que se han seguido causando, de donde se colige que, en realidad, lo reclamado no es un derecho fundamental actual, sino unas retribuciones de periodos pretéritos, quedando la aspiración, a efectos de hoy, en un plano puramente económico, no reclamable por esta vía. Así, no puede ser concedido el amparo para el pago de las mesadas pensionales otrora incumplidas, en cuanto ahora no se está afectando el mínimo vital, en la medida en que se vienen percibiendo las correspondientes a todos los períodos recientes. DENIEGA

 

7.     Sentencia T-771 de 2010

M.P. Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub

 

 

La Corte Constitucional ha dicho que el régimen de transición en materia de pensiones, regulado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, entre otros, tiene como prerrogativa el reconocimiento de los derechos adquiridos, en el tránsito de una legislación de seguridad social a otra. De kla misma manera ha considerado que en el caso de los beneficios del régimen de transición, ambos (el ingreso base y el monto de la pensión) deben ser determinados por el régimen especial.

 

En el presente asunto el señor Enrique Gil Botero solicitó ante el juez de tutela, la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la dignidad humana y a la seguridad social presuntamente vulnerados por el ISS, al no reconocerle oportunamente, ni liquidarle en la forma adecuada, ni pagarle la pensión especial de jubilación a que tiene derecho como Magistrado del Consejo de Estado.

 

La jurisprudencia ha ordenado el respeto a la integralidad del régimen de los Congresistas, especialmente ha señalado que aquellos tienen derecho a una pensión de jubilación no inferior al 75% del ingreso mensual promedio, que durante el último año y por todo concepto devenguen los congresistas en ejercicio. Por otro lado, teniendo en cuenta que el legislador ha extendido los beneficios dados a los congresistas, a los Magistrados de las Altas Cortes, también gozan de tal derecho en el momento de la liquidación de la pensión.

 

De acuerdo con lo expuesto, el doctor Enrique Gil Botero en su condición de Magistrado del Consejo de Estado, reviste también en su persona las calidades de los Magistrados de las Altas Cortes y tiene pleno derecho a que se le aplique  a su caso el régimen pensional especial resultante de las previsiones de la Ley y la jurisprudencia que ordena aplicar a estos Magistrados las normas y las decisiones jurisprudenciales previstas para la pensión especial de los Senadores y Representantes en materia pensional. (al momento de entrar en vigencia el Decreto 1293 de 1994, el peticionario contaba con más de 40 años de edad. Igualmente, tenía cumplidos 55 años de edad, por haber nacido el 9 de diciembre de 1953).

 

Por lo anterior, puede afirmarse que el Seguro Social hizo una incorrecta y arbitraria interpretación del régimen pensional aplicable, y por tanto, se confirmará la sentencia proferida  por el Juzgado 44 Civil del Circuito de Bogotá que, concedió con efectos definitivos el amparo a los derechos fundamentales del accionante. CONCEDIDA